Humberto Castillo Mercado – Morelia, Michoacán
El Congreso del Estado analiza la desincorporación y eventual venta de 34 predios propiedad del Gobierno de Michoacán, cuyo monto total de avalúo catastral asciende a 509 millones 290 mil 547 pesos. De acuerdo con el documento analizado, los predios de mayor valor y extensión se ubican en Morelia (Ciudad Industrial) y en el Puerto de Lázaro Cárdenas.
La desincorporación, figura jurídica que permite retirar bienes del patrimonio público para su posterior enajenación, ha generado un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo local. Legisladores de oposición advirtieron que algunos de los inmuebles en cuestión estarían vinculados, directa o indirectamente, con personas cercanas a actores políticos o incluso a funcionarios en activo, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos de favoritismo.
La propuesta establece que los recursos obtenidos se destinarían “única y exclusivamente a inversión pública productiva”, privilegiando proyectos estratégicos de infraestructura social y económica. Según la justificación oficial, el objetivo es generar desarrollo regional, mejorar servicios públicos y elevar la competitividad del estado.
No obstante, el planteamiento ha generado controversia política, debido a señalamientos de que varios de estos inmuebles podrían venderse a precios inferiores a su valor real de mercado, lo que presuntamente favorecería intereses particulares.
Cuatro diputadas, de las que dos son de Morena y una panista, tomaron la tribuna en la última sesión debido a que se les negó la palabra cuando se discutía el tema.
Incluso señalaron que volverán a tomar la tribuna o llevarán megáfono si no se les concede la palabra en la sesión de este miércoles 4 de marzo.
Alto valor
Entre los inmuebles más relevantes destaca un terreno de 44 mil 960 metros cuadrados, ubicado en la zona de la Ex Hacienda La Huerta, en Morelia, con un avalúo catastral superior a 41 millones de pesos. Según el documento, este predio ya había sido objeto de intento de desincorporación durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles.
Asimismo, se contempla la venta de un predio en Lázaro Cárdenas con un avalúo de 86.1 millones de pesos, así como otro en Ciudad Industrial de Morelia, con una extensión de 197 mil metros cuadrados, valuado en más de 92.6 millones de pesos, siendo este último uno de los más costosos del listado.
La mayoría de los terrenos se concentran en municipios como Morelia, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Zitácuaro, Tangancícuaro, Sahuayo y Ciudad Hidalgo, incluyendo propiedades ubicadas en zonas céntricas, avenidas principales y áreas con alto potencial inmobiliario.
Argumento oficial: inversión pública productiva
El documento señala que los recursos derivados de la venta no se destinarán a gasto corriente, sino a inversión pública productiva, bajo el argumento de que la “transformación patrimonial” tendrá un impacto directo, tangible y medible en el bienestar de la población.
La narrativa oficial subraya que las decisiones administrativas estarán orientadas al interés general y no a la conservación pasiva de bienes que actualmente no generan rendimiento social o económico.
Donaciones al IMSS
Paralelamente, el anexo contempla la donación de cuatro predios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicados en Jacona, Morelia, La Piedad y Lázaro Cárdenas, para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como una Unidad de Medicina Familiar.
Estas donaciones, según el documento, cuentan con avalúos actualizados al 21 de enero de 2026 y forman parte de una estrategia de fortalecimiento de infraestructura social.
La propuesta ha abierto un debate en el Congreso local, donde legisladores de oposición han solicitado mayor transparencia en los procedimientos de avalúo, mecanismos de subasta y garantías para evitar conflictos de interés.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran:
- La diferencia entre avalúo catastral y valor comercial real.
- La posible concentración de compras en manos de empresarios o actores vinculados políticamente.
- La falta de claridad sobre los proyectos específicos en los que se invertirían los recursos.
- El tema se perfila como uno de los más delicados en la agenda legislativa, al involucrar patrimonio público estratégico y recursos que superan el medio millar de millones de pesos.