Humberto Castillo Mercado – Morelia, Michoacán
El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, informó que en el caso Coahuayana existe coordinación y comunicación permanente con autoridades de otras entidades, como Colima, para dar seguimiento a hechos recientes de violencia registrados en zonas comunitarias, particularmente aquellos dirigidos contra instalaciones y cuerpos de seguridad locales.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el titular de la Fiscalía precisó que las agresiones no estuvieron dirigidas a la población civil, sino a edificios y a una policía comunitaria, por lo que, de manera preliminar, no se configura el delito de terrorismo, aunque aclaró que será la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FENDO) la instancia que determine la tipificación final del caso.
Explicó que, conforme a los criterios jurídicos vigentes, los actos terroristas se caracterizan por estar dirigidos directamente contra la sociedad civil, como ha ocurrido en atentados en trenes, cines u otros espacios públicos en distintos países, situación que no corresponde al caso bajo investigación. No obstante, reconoció que sí se registraron daños colaterales, los cuales forman parte de las indagatorias en curso.
Respecto a versiones que apuntan a la posible presencia de grupos criminales en la región, el fiscal señaló que todas las líneas de investigación se mantienen abiertas, incluidas aquellas que sugieren vínculos entre distintos actores, aunque subrayó que hasta el momento no existe una conclusión definitiva.
En otro tema, Carlos Torres Piña destacó que no se ha registrado un incremento significativo en el número de denuncias a través de la línea correspondiente; sin embargo, indicó que sí se han recibido denuncias en las que los ciudadanos han solicitado especial cuidado en la protección de su identidad.
Ante ello, dio a conocer que la Fiscalía trabaja de manera conjunta con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en una reforma a la Ley Federal de Procedimientos Penales, con el objetivo de resguardar los datos personales de los denunciantes, lo que consideró permitirá generar mayor confianza ciudadana e incrementar la presentación de denuncias.
Finalmente, al ser cuestionado sobre la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el fiscal explicó que se trata de un proceso que deberá definirse inicialmente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Añadió que, en el caso de la Fiscalía, corresponderá aportar personal y coadyuvar en las tareas que sean necesarias, particularmente en el ámbito familiar.
