Humberto Castillo Mercado – Jiménez, Michoacán
Habitantes de la comunidad de Cuario de Guadalupe, en el municipio de Jiménez, acusaron al presidente honorario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, Luis Felipe León Balbanera, de haber recibido de manera directa un millón 400 mil pesos como anticipo para la construcción de un pozo de agua, obra que no corresponde a las atribuciones de dicho organismo asistencial.
De acuerdo con los denunciantes, el monto entregado representa el 50 por ciento del costo total de la obra, y fue recaudado entre los pobladores ante la promesa de que el proyecto se llevaría a cabo. Señalaron que, desde hace años, la comunidad carece de suministro suficiente de agua potable y que el propio Ayuntamiento, a través del presidente honorario del DIF, informó que sería necesario realizar una aportación económica para concretar la obra.
Los recursos fueron entregados mediante representantes comunitarios —la señora Patricia Adame y el señor Andrés Negrete Contreras— directamente a León Balbanera, esposo de la presidenta municipal, sin que el dinero ingresara a las arcas municipales ni se firmara un convenio formal. Los pobladores sólo recibieron una hoja membretada y un recibo como comprobante, de lo cual se compartió con este medio informativo y cuyos recursos no ingresaron al gobierno municipal de Jiménez, que encabeza la alcaldesa, Claudia Sanhua Pérez, esposa de León Balbanera.
La desconfianza creció, afirmaron, al conocerse que, cuando León Balbanera fue presidente municipal de Zacapu, habría solicitado un millón 300 mil pesos para un proyecto similar de pozo que abastecería a las localidades de Vista Hermosa y Las Cabras, obra que finalmente no se realizó.
Ante ello, los habitantes de Cuario de Guadalupe exigen la intervención de las autoridades fiscalizadoras para garantizar que el recurso sea utilizado en la construcción del pozo y que no se repita lo ocurrido en Zacapu.
“Resulta ilegal que un presidente honorario del DIF reciba dinero en efectivo para obras públicas”, por no ser parte de sus funciones, y demandaron certeza de que el proyecto se ejecutará en beneficio de la comunidad.
