Humberto Castillo Mercado – Zacapu, Michoacán
Un grupo de regidores y regidoras del Ayuntamiento de Zacapu ha decidido utilizar su cargo no para atender a la ciudadanía ni cumplir con sus responsabilidades dentro del Cabildo, sino para presionar y exigir beneficios económicos y privilegios personales fuera de la ley.
Bajo el argumento de una supuesta obstrucción al ejercicio de sus funciones, los regidores acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) en un intento por forzar al Cabildo a ceder a sus demandas, pese a que el conflicto no es electoral ni jurídico, sino meramente administrativo.
El trasfondo es la negativa a autorizarles un incremento salarial desmedido —superior al 200 por ciento—, así como vehículos oficiales, viáticos, asesores, personal a su cargo y el manejo de recursos públicos, facultades que no les corresponden como regidores.
La estrategia resulta contradictoria y carente de congruencia, ya que durante todo el año aprobaron las sesiones de Cabildo celebradas conforme a la ley, sin manifestar inconformidad alguna, y ahora pretenden victimizarse para justificar una presión política basada en el chantaje institucional.
Desde el punto de vista legal, la denuncia carece de sustento. El TEEMich no tiene competencia para resolver asuntos administrativos ni presupuestales, y el Congreso del Estado tampoco puede intervenir en una exigencia que no tiene fundamento normativo. Aun así, los regidores han optado por escalar el conflicto, no para defender derechos ciudadanos, sino para intentar imponer intereses personales.
Más grave aún es que, al ser cuestionados sobre su desempeño, gestiones realizadas o acciones concretas en beneficio del municipio desde las comisiones que les fueron asignadas, los regidores evadieron responder con claridad y no pudieron acreditar una sola gestión relevante para Zacapu. No hay resultados, no hay trabajo visible, pero sí una insistencia permanente en obtener más recursos para ellos mismos.
El resto del Cabildo de Zacapu ha sido contundente al señalar que no cederán a presiones ni chantajes, y que los recursos públicos deben destinarse a obras, servicios y acciones que beneficien a la población, no a satisfacer ambiciones personales de quienes hoy deberían estar trabajando por el municipio.
El cargo de regidor implica responsabilidad, ética y compromiso social, y que quien utiliza esa posición para servirse del erario demuestra estar más interesado en el beneficio propio que en el bienestar de la ciudadanía.