Morelia, Michoacán
Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizaron este lunes una jornada estatal de protesta mediante la toma pacífica de cinco carreteras en distintos puntos de la entidad para exigir seguridad, justicia y atención a diversas demandas comunitarias.
La movilización fue acordada en una Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales del CSIM, desde donde se denunció que el estado atraviesa una crisis de inseguridad e injusticia que afecta particularmente a los pueblos indígenas.
Los bloqueos carreteros se instalaron en los siguientes puntos: la carretera Zacapu–Zamora, a la altura de la desviación a Purépero; la carretera Pátzcuaro–Uruapan, en la comunidad de San Juan Tumbio; la carretera Paracho–Uruapan, en Paracho; la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en la caseta de Zirahuén; y la carretera Cherán–Zamora, en la comunidad de Acachuén.
A través de un pronunciamiento público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, las comunidades ofrecieron disculpas a la población por las afectaciones derivadas de los bloqueos, pero señalaron que la protesta responde a la falta de resultados en materia de seguridad.
El CSIM criticó que, pese a la existencia de diversos programas gubernamentales denominados “Planes de Justicia”, continúan registrándose desapariciones, asesinatos y extorsiones en el estado. Entre los programas mencionados se encuentran el Plan Michoacán, el Plan Lázaro Cárdenas del Río, el Plan de Justicia P’urhépecha, el Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda, y el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano.
Dentro de su pliego petitorio, las comunidades demandaron condiciones de seguridad y paz para los pueblos indígenas, particularmente para la comunidad de Acachuén, cuyos habitantes —señalan— llevan seis días de movilización en espera de ser atendidos directamente por el gobernador.
Asimismo, solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, para abordar la exclusión de 21 comunidades michoacanas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), pese a que —afirman— cumplieron con los requisitos establecidos para su incorporación.
El pronunciamiento también incluye críticas al gobierno estatal, al que acusan de mantener un “doble discurso” respecto al apoyo a los pueblos indígenas. De acuerdo con el documento, dependencias como la Secretaría de Educación y el Instituto del Transporte del Estado no han resuelto problemáticas que afectan a las comunidades.
Finalmente, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán advirtió que, en caso de no ser atendidos o de enfrentar actos de represión, podrían intensificar las movilizaciones y ampliar las tomas de carreteras en la entidad.
Las comunidades insistieron en que su protesta busca visibilizar la situación de violencia, desapariciones y extorsiones que —aseguran— enfrentan de manera cotidiana en diversas regiones del estado.