Humberto Castillo Mercado – Michoacán
Juan Gabriel Molinero Villaseñor estima que en cinco o seis años el municipio podría captar entre 10 y 12 millones de pesos adicionales por concepto de impuesto predial; reconoce que ya existe especulación inmobiliaria y un incremento considerable en el precio de los terrenos.
El segundo anillo periférico que construye el Gobierno de Michoacán generará un importante crecimiento económico, inmobiliario y urbano en el municipio de Charo, donde ya comienzan a observarse expectativas de inversión y un incremento significativo en el costo de la tierra, afirmó el presidente municipal, Juan Gabriel Molinero Villaseñor.
El alcalde señaló que la nueva infraestructura carretera detonará la llegada de empresas inmobiliarias, desarrollos habitacionales, comercios y tiendas que buscan establecerse en las inmediaciones del nuevo periférico, situación que también representará un incremento en los ingresos municipales.
De acuerdo con sus proyecciones, en un periodo de cinco o seis años Charo podría recaudar entre 10 y 12 millones de pesos adicionales por concepto del impuesto predial, derivado del crecimiento urbano y de la instalación de nuevos desarrollos y empresas.
Como ejemplo del fenómeno de especulación y encarecimiento de la tierra, Molinero Villaseñor recordó que anteriormente una hectárea tenía un valor aproximado de 120 mil pesos, mientras que actualmente los propietarios solicitan cerca de seis millones de pesos por la misma superficie, tendencia que, consideró, continuará al alza.
Explicó que incluso sostuvo reuniones con propietarios de terrenos que podrían resultar afectados por la construcción de la vialidad, a quienes planteó que, además de recibir el pago correspondiente por sus predios, deben considerar la plusvalía que generará la nueva infraestructura en sus propiedades y en toda la región.
El presidente municipal destacó que el segundo anillo periférico también tendrá beneficios en materia de movilidad, particularmente para habitantes de comunidades como Jaripeo e Irapeo, quienes podrán trasladarse con mayor facilidad hacia la zona hospitalaria y otros puntos de Morelia y Charo.
Sin embargo, reconoció que el crecimiento inmobiliario también representa desafíos para la administración municipal, debido a que una mayor población implica más demanda de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, servicios de salud y educación.
Por ello, aseguró que en el Cabildo se acordó no autorizar nuevos fraccionamientos mientras los desarrolladores no asuman formalmente sus responsabilidades en la dotación de infraestructura y servicios. La intención, dijo, es evitar que el crecimiento habitacional termine trasladando sus costos al Ayuntamiento y a la población.
Como antecedente, mencionó que hace aproximadamente un año o año y medio recibieron una propuesta proveniente de la Ciudad de México para desarrollar 12 mil 400 viviendas del Infonavit en un predio ubicado en las inmediaciones de la antigua feria, rumbo a La Goleta; sin embargo, el proyecto enfrenta un litigio relacionado con la propiedad de los terrenos, que tienen antecedentes ejidales.
Molinero Villaseñor también relató que, ante la falta de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el Ayuntamiento acordó con un particular un apoyo en especie de cemento para ejecutar obras públicas.
Detalló que inicialmente solicitó mil toneladas, aunque finalmente el acuerdo se concretó en 600 toneladas, destinadas a la construcción de calles y andadores, a cambio de facilitar los trámites y permisos correspondientes, entre ellos cambios de uso de suelo y subdivisiones.
El alcalde consideró que las inversiones que acompañarán la construcción del segundo anillo periférico deben analizarse a largo plazo, tanto por la derrama económica que pueden generar como por el incremento en la recaudación municipal y la plusvalía de los terrenos.
No obstante, el crecimiento de Charo también pondrá a prueba la capacidad de planeación urbana de las autoridades para garantizar que la expansión inmobiliaria se acompañe de infraestructura, servicios públicos y condiciones adecuadas para sus habitantes.